En Baja California una joven de 21 años de edad fue sentenciada a 23 años de prisión por abortar.
La joven, quien asegura que el aborto fue espontáneo, está acusada de homicidio agravado por parentesco, con base en el artículo 7 de la Constitución local, que protege la vida “desde la concepción”.
El caso de Lesly será analizado durante el evento en que se dará a conocer un movimiento nacional en contra de la criminalización de mujeres vinculadas con abortos, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos
“Fue un aborto espontáneo a los cinco meses de embarazo”, argumentó Lesly durante el proceso penal. Sin embargo, la fiscalía local la acusó de homicidio agravado por parentesco, con base en el reformado artículo 7 de la constitución del estado (de diciembre de 2008), el cual tutela “el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido, se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural o no inducida”.
Y en días pasados, el Juzgado Cuarto Penal de la capital bajacaliforniana, avaló las imputaciones y la declaró culpable.
Organizaciones como la Federación de Mujeres Universitarias de Baja California, la Coordinación Nacional de Mujeres por un Milenio Feminista y la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos acusaron al Poder Judicial de discriminación.
“La sentencia es una clara violación al principio de igualdad y no discriminación, dejando el status jurídico de las mujeres reducido al de una incubadora”, señalaron en una carta previa a la exposición del caso.
Con la condena, añadieron, “se incumple el acuerdo amistoso realizado por el Caso Paulina con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Sobre la reforma del artículo 7 de la constitución local, dijeron que “da un supravalor al derecho a la vida del no nato, abandonando el respeto a la vida de las mujeres”.
La maestra Meritxell Calderón Vargas, de la Red Iberoamericana, en entrevista con Crónica hizo un llamado a grupos de la sociedad civil ligados a la defensa femenina, a unirse al movimiento, cuyo eje es la historia de Lesly. E incluso pidió el respaldo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La joven ha declarado que en mayo de 2008, cuando había cumplido ya cinco meses de embarazo, sintió ganas de ir al baño y segundos después le sobrevino un sangrado que le produjo la expulsión espontánea del producto fetal.
Hasta ahora, 15 estados del país han adoptado modificaciones a sus códigos penales que criminalizan a las mujeres involucradas en estas situaciones.
En el caso de Lesly —quien al momento de los hechos era estudiante de preparatoria con promedio de 9 y hoy está presa en el penal de Mexicali—, fueron los médicos del hospital donde acudió a atenderse quienes la denunciaron ante la Procuraduría local.
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