El pasado 4 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (la nueva Ley del Aborto para entendernos).
Nos encontramos, pues, ante una ley inconstitucional, inmoral y no democrática. Es inconstitucional porque contradice la letra y el espíritu del artículo 15 de nuestra Constitución y de la sentencia 53/1985, de 11 de abril, del Tribunal Constitucional, dejando desprotegido al nasciturus como bien jurídico. Es inmoral porque legitima el asesinato de un ser humano vivo inocente. No es democrática, desde el punto de vista material, porque la mayoría de la sociedad española ha manifestado en la calle y en las encuestas su voluntad contraria a la aprobación de esta norma, la cual ni siquiera estaba prevista en el programa electoral del partido en el Gobierno. No insistiremos más en estos argumentos, compartidos por creyentes y no creyentes, pues ya han sido expuestos por plumas mucho más autorizadas en este diario y en otros medios.
Ante la entrada en vigor de esta nueva Ley del Aborto, cabe preguntarse cuál debe ser la respuesta de la ciudadanía que ve en esta norma un auténtico atropello contra el primero de los derechos humanos: el derecho a la vida. Hace más de 75 años, don Ángel Herrera ya expresaba una profética reflexión, la cual se nos antoja de rabiosa actualidad: «En presencia de una legislación que para nosotros es sencillamente un brutal ataque, una agresión injusta, nuestro deber es el de resistir valientemente la ejecución de la ley».
En este momento crucial y difícil se abren tres importantes cauces para que la sociedad reaccione frente a este ataque frontal al derecho fundamental e inalienable a la vida del concebido aún no nacido:
Primeramente, es necesario que tanto las organizaciones sociales como los ciudadanos envíen un mensaje alto y claro a todos los partidos políticos: el sentido del voto en las próximas elecciones estatales, autonómicas y locales dependerá fundamentalmente de que en sus respectivos programas se recoja el propósito inequívoco de derogar esta ley sin dilación. La masa electoral que se mueva en este sentido puede resultar determinante en las próximas y, presumiblemente, reñidas contiendas electorales.
En segundo lugar, tanto las asociaciones a favor de la vida como los políticos comprometidos con esta opción deben promover la aprobación de iniciativas legislativas en los Parlamentos estatales y autonómicos que propicien ayudas a la mujer embarazada, de forma que se pueda atender a cuantas necesidades económicas, psicológicas y asistenciales surjan a estas personas. Los movimientos sociales deben prestarse a seguir colaborando, e incluso intensificar su ayuda, ante este colectivo desprotegido mediante iniciativas propias.
Por último, los profesionales sanitarios y de la abogacía que defiendan la vida del concebido deben optar valientemente por no realizar ninguna actividad que suponga colaboración o participación en el aborto de seres inocentes mediante el ejercicio de la objeción de conciencia, parte integrante del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa, tal y como lo define la citada sentencia del Tribunal Constitucional, en su Fundamento Jurídico Catorce, y aparece ratificado por el artículo 10.2 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, recogida en la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio.
Resulta obligado no dejarse llevar por el desaliento. Urge actuar y movilizarse de forma decidida y organizada. Buena prueba de este espíritu son las recientes Marchas por la Vida celebradas en distintas ciudades de España.
Nos jugamos demasiado porque está en discusión no sólo nuestro modelo de sociedad (cultura de la vida versus cultura de la muerte), sino nuestro mismo futuro. Todos los concebidos que legalmente serán eliminados constituyen una reserva demográfica indispensable para una sociedad, como la nuestra, que actualmente es la cuarta más envejecida del planeta. Fomentar el aborto ante esta pirámide poblacional es, simplemente, un suicidio colectivo, además de una injusticia radical.
Ante la situación creada por esta nueva ley, resulta ilustrativa otra sabia máxima de don Ángel: «Yo no quiero hombres \[y mujeres\] de doctrina solamente, sino hombres \[y mujeres\] que demuestren con sus actos su fidelidad a las ideas que profesan y defienden. Los tiempos piden hombres \[y mujeres\] de acción».
@FRANCISCO J. RUIZ BURSÓN, Miembro de la Asociación Católica de Propagandistas
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